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La diligencia del cantante vallenato Jorge Oñate se cumplirá a las ocho de la mañana en la Fiscalía el próximo viernes.
El 2 de mayo pasado, la juez 41 penal de control de garantías de Bogotá, Luz Adriana Flórez Rodríguez, avaló la solicitud que el fiscal 11 de Derechos Humanos le hizo al cantante Jorge Oñate por los delitos de concierto para delinquir, homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego.
Pero al día siguiente, sin que hasta ahora se conozcan las razones, fue cancelada por otro juez, por petición del mismo fiscal. “Retiro por parte de la Fiscalía”, se lee en el documento conocido por El Tiempo, que indicaba que la orden tenía vigencia por un año.
Fuentes cercanas al caso dijeron que luego de la decisión, el proceso pasó –hace cerca de un mes– al fiscal primero de bandas criminales. Éste tiene en su poder declaraciones de al menos cinco testigos que han hablado del cantante como uno de los supuestos determinadores del homicidio.
Es el mismo fiscal que la semana pasada pidió –dentro del expediente de Oñate– la detención de Armando Gnecco, alias Mandarino; Orlando Mendoza, alias Guanábano o Profesor; y de Victoria Mendoza, funcionaria del CTI de la Fiscalía.
Todos fueron capturados en una operación de la Dijín como colaboradores o participantes en el crimen de Ovalle, que fue cometido por sicarios hombres de la organización de ‘Marquitos Figueroa’, con el aval de la banda criminal los ‘Urabeños’. De hecho, los tres detenidos también responden por sus presuntos nexos con Figueroa, que está prófugo de la justicia.
La Policía y la Fiscalía dicen que Gnecco, quien en Valledupar es conocido por sus negocios con gasolineras y por ser sobrino de Jorge Oñate, habría sido el determinador del homicidio.
La tesis, citada en el expediente por el crimen del exconcejal, es que se habría dado por diferencias políticas, luego de que este decidiera no apoyar a Nancy Zuleta (esposa de Oñate) a la alcaldía de La Paz.
Fuga de información
De la investigación por el asesinato del exconcejal se desprendió un nuevo capítulo: la fuga de información a través de una funcionaria del CTI y de dos fiscales.
Fuentes que conocen el proceso dicen que, además de la captura de Victoria Mendoza, quien estaba asignada a la seccional del CTI en Atlántico, por filtrar información a los capturados, las interceptaciones dejaron en evidencia a un fiscal especializado de Valledupar y a otro en Fonseca (La Guajira).
Son decenas las llamadas en las que varios de los capturados y sus familiares piden información puntual de las investigaciones, y hasta asesoría para buscar la libertad de detenidos.
Una de esas conversaciones fue citada por el fiscal en la audiencia de imputación de cargos de la semana pasada. En ella, Armando Gnecco habla con el fiscal de Valledupar, que en un principio llevó el proceso de Ovalle.
Los investigadores indagan la relación de ese funcionario con el fiscal de Fonseca, que está bajo investigación por la supuesta fuga de información del proceso del hijo de ‘Marquitos Figueroa’ (Marcos Francisco Figueroa, alias Pacho) y del expediente por el homicidio del esposo de la exalcaldesa Yandra Brito, también asesinada.
En una de las interceptaciones, Armando Gnecco pregunta en repetidas ocasiones por la suerte de Paul Corrales (sobrino de ‘Marquitos Figueroa’), preso por el crimen del esposo de la exalcaldesa.
