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La Corte Constitucional le dio la razón al senador Jorge Enrique Robledo y a decenas de internautas: la Ley 520 de 2012, llamada por los internautas como ‘Ley del TLC’ o ‘Ley Lleras 2′, fue declarada inexequible totalmente en la noche de este miércoles, según pudo confirmar Enter.co con el senador Robledo y otras fuentes independientes.
La Corte acogió tanto los argumentos de forma como los de fondo presentados por el Senador. Según El Tiempo y otros medios, la Corte encontró, como lo señalaba Robledo, que dos de los artículos de la Ley, el 13 y el 14, son inconstitucionales porque violan las libertades fundamentales de expresión y comunicación.
El artículo 13 es el que prohibía la retransmisión de señales de TV sin permiso del dueño de los derechos, y el artículo 14 penalizaba la ruptura de ‘candados’ anticopia o DRM. Según los críticos de la Ley, este último restringía incluso la copia privada de contenidos adquiridos legalmente.
La Corte, según nos dijo el Senador y algunas versiones de prensa, también aceptó el argumento de forma, que aducía que su trámite por el Congreso estuvo viciado. Eso hace que la totalidad de la Ley quede invalidada.
Cabe aclarar que, en este momento, no hay un pronunciamiento oficial de la Corte sobre la decisión.
En charla con Enter.co el senador Robledo celebró la decisión. “Debemos congratularnos, porque la norma se cae por razones de fondo y por razones de forma. De fondo, porque esa era una ley que contenía una política de propiedad intelectual especialmente agresiva, en particular en el caso de Internet, y esta norma lo afectaba en materia gravísima“, dijo.
Por su parte, el senador Camilo Romero, otro opositor público a la iniciativa, también manifestó su complacencia sobre el fallo de la Cortede la Corte “Es una victoria de una nueva ciudadanía, que derrota a una política tradicional que legisló con una lógica del pasado sobre el futuro de la humanidad“, le dijo a Enter.co.
La activista Carolina Botero, del colectivo Red Pa Todos, adujo que la decisión era esperable. “No me sorprende que suceda. La Corte tenía muchas razones tanto de fondo como de forma para pronunciarse en contra de la ley. Eso nos da la razón y obliga al gobierno a replantear su estrategia legislativa, en la que no contó con la sociedad civil. Y al Congreso no le quita su responsabilidad por aceptar trámites expeditos, un caso más de actuar sin leer“, sostuvo en una conversación con nosotros.
Nos comunicamos con el despacho del Ministro TIC, Diego Molano Vega, y allí nos dijeron que el Ministerio no podía hacer pronunciamientos oficiales hasta que el fallo no fuera conocido públicamente. Eso quiere decir que es posible que pasen varios días antes de que el Gobierno se pronuncie, pues la Corte suele publicar los fallos tiempo después de que las decisiones son tomadas.
